636 PÁGINAS (Murciaeconomía.com XIV febrero 2014)
Han hecho falta 636 páginas para
justificar y presentar una metodología tal que permita observar si,
efectivamente, todos los españoles somos iguales, en términos de reparto
territorial del gasto público.
El estudio dirigido por Ángel de
la Fuente, publicado en enero de 2014 propone como método de cálculo para
determinar la actuación gubernamental en términos de gasto, el criterio de
carga-beneficio, en vez de meramente observar los saldos fiscales regionales.
Se trata, no solo de determinar
cuanto envía en dinero el gobierno central a cada comunidad autónoma ni de
saber el dinero que se recauda en esa comunidad autónoma y que va a parar al Estado.
Teniendo en cuenta, que en este nuestro país, el parecido competencial de cada
comunidad autónoma con la colindante es mero fruto de la casualidad, se hace
necesario, a juicio de los autores del estudio, ahondar en el análisis,
refiriéndose al impacto que producen o provocan las distintas políticas de
gasto e ingreso en cada territorio. O dicho de otra forma, si resulta que las
personas que viven en Cataluña o Andalucía, son tratadas de la misma forma que
las personas que viven y pagan impuestos en Murcia o en Madrid, sobre todo,
cuando, según los autores, nos referimos a actuaciones con un amplio componente
territorial (todos entendemos que no es lo mismo el dinero que se debe destinar
a agricultura en Andalucía, que en Madrid, por poner un ejemplo).
Sea como fuere, de entre las
distintas decisiones metodológicas adoptadas, pudiendo ser discutidas algunas
de ellas, me resulta muy útil e interesante, no sólo el completo trabajo en sí,
sino la premisa de intentar homogeneizar a todas las comunidades autónomas
suponiendo que es el Estado el encargado de gestionar determinados impuestos,
cobrando a todo el mundo por igual, reservando para columna aparte la mayor o
menor recaudación obtenida, fruto de las decisiones tomadas por las distintas
comunidades autónomas, al amparo de la capacidad que le ha sido cedida para
subir o bajar tal o cual impuesto.
Pues si, por difícil que parezca
creerlo, en pleno siglo XXI, donde podemos comprar de todo, en cualquier parte
del mundo, sin movernos de casa , donde podemos incluso, con la suficiente
capacidad económica, hacer que el valor de una concreta moneda baje o suba (que
se lo cuenten a Soros) y donde todos, absolutamente todos, políticos incluidos,
publicamos sobre la marcha y en tiempo real en las redes sociales, lo que
estamos haciendo en ese preciso instante y hasta incluso lo que pensamos,
resulta que hace falta un documento de 636 páginas para ayudar a saber si todos
los españoles somos iguales.
Mantenemos una serie de debates
en actualidad, desde la independencia de determinados territorios hasta la
idoneidad de bajar o subir impuestos, pasando incluso por el debate sobre la
necesidad de implementar determinadas medidas para paliar de una vez por todas,
y para siempre, esta crisis que padecemos. Hasta se somete a debate el trato,
supuestamente igual para todos, que reciben determinados imputados y la gestión
de determinadas causas.
Será muy acertado abrir dichos
debates con la finalidad de garantizar, a través de los mismos y desde
cualquier esfera, el enriquecimiento intelectual necesario para que, cada cual
a su manera y dentro de sus posibilidades, aporte en la mejora de, este,
nuestro Estado (del Bienestar), si bien, no estaría mal empezar por lo primero.
Lo primero es atender a las
reglas básicas que rigen nuestra convivencia. Y estas reglas básicas dicen que
todos somos iguales, pero si no existe manera de comprobar si efectivamente
somos iguales o no ante la actuación gubernamental, ¿Como podemos garantizar el
cumplimiento de tal premisa primera?
Mucho daño está haciendo la
gestión política del Título VIII de la Constitución Española, como daño haría
también, abrir un proceso en estos momentos, dada la altura de la actual
práctica gubernamental, para intentar arreglarlo. Si bien existen una serie de
medidas que pueden, tal vez, ayudar a la resolución de tales casuísticas.
Desregulación y normalización. Deberíamos
quitar leyes, que hay muchas, y las leyes deberían ser poquitas en número,
genéricas en casuística a cubrir, y claritas de leer, entender y cumplir. Y si
dichas normas son de aplicación genérica para todos los territorios,
distinguiendo claramente en un par de folios, lo correspondiente a actuación
central y a actuación autonómica, o municipal, podremos, entre otras cosas y de manera más adecuada, pedir
responsabilidades políticas por cuanto a gestión se refiere, de forma más
concreta y concisa a nuestros políticos.
Y deberíamos ser más
transparentes, ser más transparentes no consiste, exclusivamente, en que exista
una norma que determine el eterno camino burocrático que ha de seguir
necesariamente cada actuación, bien sea del político, bien del alto funcionario
o bien del ciudadano. Ser transparente significa ofrecer información
actualizada, clarita y sencilla, para que todos la entendamos.
Lo más importante del trabajo que
me he leído, a mi juicio, y lejos de la presentación de datos concretos, es el
arduo esfuerzo de homogeneización estadística que han debido realizar los
autores, esfuerzo que han ido justificando paso a paso y que ofrece,
precisamente en dicha justificación, la solución a muchos problemas que tantos
debates generan y que tantas leyes, a buen seguro, impulsarán.
Para los que no quieran leer el
informe, las mejor financiadas: son el País Vasco y Navarra, que tienen
regímenes propios. De las de régimen general, las mejores: Extremadura,
Cantabria y La Rioja; las que peor lo están: Valencia y Murcia.
Como dice el autor del informe y suscribo plenamente “cuanta más
información hay, más difícil es vender historias”. Ahí esta el detalle.
El pasado 11 de febrero en El Gato al Agua Región de Murcia tuvimos la oportunidad de compartir impresiones sobre la situación social y económica actual con el Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Murcia. No tenía el placer de conocer personalmente a D. Pedro García Balibrea Martínez del que me llevé una grata impresión.
