¿Sabían Vds que Magdalena Álvarez,
fue expulsada del Banco Europeo de Inversiones por estar imputada? ¿Sabían Vds
que la expulsión llevaba aparejada una pensión de diez mil euros mensuales y, a
partir de los 65 años, una pensión vitalicia?
Tenemos que reconocer que la
situación que estamos atravesando, esta que lleva a desayunarnos cada mañana
con una nueva noticia, frecuentemente relacionada con algún caso de corrupción,
ya sea de políticos de izquierdas, de derechas, de gerentes, de infantes, etc.
es insostenible, no beneficia a nadie y hay que ponerle solución.
Es el camino emprendido por parte
de los distintos gobiernos, de cualquier ámbito y color, lo que debe ser
cuestionado, cuando de establecer la solución a esta problemática se refiere.
Mientras que a la hora de legislar acerca de determinados actos, a los que nos
vemos obligados los administrados, es decir, todos los ciudadanos normales de a
pie, no dudan ni un segundo en establecer un régimen sancionador, con su
correspondiente sanción económica, cuando hablamos de comportamientos y
acatamientos relacionados con la actividad política, la mayoría de las veces,
bastará con meras declaraciones de intenciones, códigos de buenas prácticas, y
otras laxas soluciones que tienen, como común denominador, que no rascan el
bolsillo del implicado.
En nuestro Estado, hay muchas
leyes, demasiadas, y esto lleva, en más ocasiones de las deseadas, a la
satisfacción gubernamental meramente originada por la atribución de capacidad
derivada de su propia promulgación, sin atender a determinados criterios,
básicos que han de cumplir estas.
No hace muchas fechas, un
altercado “entre animales” que se
dicen llamar hinchas de equipos de fútbol, acarreó la muerte de uno de ellos. La
reacción de los políticos está siendo ejemplar, por inmediata. Han puesto en
cuestión absolutamente todo lo relacionado con este tipo de eventos, y, como
no, se han apresurado y no han dudado en promover regímenes sancionadores
ejemplares en términos económicos para los implicados (clubes, hinchas, peñas,
etc). Hasta tal punto llega el celo, que, según hemos podido ver en los medios
de comunicación, el Congreso de los Diputados, va publicar un listado de
“cánticos prohibidos” en los estadios de fútbol. No se si realmente serán
capaces todos esos diputados que tenemos en el congreso, y que van a los
estadios de fútbol, normalmente a los palcos, invitados cual pequeño Nicolás,
quienes tendrán la capacidad para establecer lo que es correcto o no cantar, lo
ofensivo del cántico en cuestión, si nunca se han sentado en un fondo o en
grada lateral. El “lololo” del himno de España, ¿debe ser cuestionado,
prohibido, promovido?
Ya alertaba Foucault acerca de la práctica consistente en dirigir conductas
para que se mantengan estados de inequidad considerados como racionales o
normales, y hasta esto tiene un límite. Pase que tengamos que sufrir el afán
recaudador de los gobiernos, exageradamente excesivo, pase que, siendo legales,
y sin el ánimo de invitar al incumplimiento de la ley y desalentar la
persecución contra el fraude, los gobiernos, dentro de la legalidad, insisto,
planteen estrategias de persecución del fraude estableciendo aquellas maximizan
sus ingresos en vez de todo lo contrario (si no observen si las notificaciones
de las sanciones se producen en fecha próxima al hecho imponible o más bien
unos años después, en fecha próxima a su prescripción), pase que desde los
Ayuntamientos a las Comunidades Autónomas y hasta el Estado hayan sometido a
revisión y actualización todas las valoraciones habidas y por haber que lleven
a que nos puedan cobrar más dinero (vados, valoraciones catastrales, ocupación
vía pública, etc) con la pertinente indefensión generada en el administrado,
pero no puede sostenerse que cuando se trata de legislar sobre ellos mismos y
sus propios comportamientos, no se traten igual que nos tratan a los demás.
Si existe indignación entre la ciudadanía, que existe y mucha, es porque
se puede observar que los políticos
andan en otro planeta, no digo ya que no entiendan de los asuntos cotidianos de
las gentes y sus empresas, que entienden poco, sino que están sometidos a unas
normas y reglas que se dan a ellos mismos y que les sitúan por encima del bien
y del mal.
La solución a estos menesteres no pasa por legislar más, que ya lo decía
Tácito: “cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene”. Si hay problema
con las fundaciones, eliminen su régimen especial, si hay problemas con las
donaciones a partidos políticos, liberalícenlas, en vez de volver a regularlas
sobre su específica normativa, y ya de paso servirá para minimizar (y eliminar)
el pellizco que se llevan de los presupuestos los partidos políticos, y por
cuanto a prohibir la condonación de deudas en banca, que se sometan a la misma
legislación que todas las empresas y vecinos. Y se puede seguir con un largo etcétera,
viajes, dietas, multicargos, declaraciones responsables de acceso a la
política, limitación temporal en cargos públicos.
En esencia, como decía Alexis de
Tocqueville, “un gobierno democrático es el único en el que los que votan por
un impuesto pueden escapar de la obligación de pagar”. Así nos va.
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