La semana pasada fui invitado a una de
esas comidas que organizan importantes empresarios de la Región de
Murcia, en la cual, además de llenar el estómago, tienes la oportunidad
de compartir inquietudes y experiencias con algún personaje importante
del mundo empresarial.
Muy interesante me pareció la intervención
durante todo el meeting del invitado en cuestión,
Humberto Carbajal, director general y vicepresidente de Operaciones de Jacobs, compañía de
ingeniería de más de 70.000 personas y presente en más de treinta
países. Inteligente, argumentativo en cada respuesta, estructurado en su
discurso y aplicando en cada una de sus opiniones eso que tanto me
gusta, el sentido común.
Además de las pertinentes loas realizadas
a su propio trabajo y a la empresa en la que presta sus servicios,
perfectamente justificadas y avaladas por la categoría de la empresa y
de su cargo en cuestión, los allí asistentes nos interesamos mucho sobre
la visión que se tiene de España en el extranjero.
Efectivamente,
todos pudimos comprobar cómo la actuación de los Gobiernos en materias
tales como las energías renovables unida a la cantidad de burocracia a
superar por las empresas para acometer proyectos en nuestro país viene a
significar que, por culpa del Gobierno, se nos vea como algo más
parecido a una república bananera con aspiración a país democrático
desarrollado, que como un país serio y de primer orden de la Unión
Europea.
Lo que más me gustó de toda su intervención, teniendo en
cuenta que soy el presidente de una asociación que difunde el
pensamiento liberal, fue una frase que repitió hasta la saciedad y de la
que se mostraba plenamente convencido: «Lo que por la ley nace, por la
ley muere». Sobre el asunto catalanista, sobre el marco impositivo,
sobre el mercado laboral y sobre la capacidad de los individuos y
empresas españolas. Cada vez que intervenía sobre un asunto, en algún
momento de la intervención insistía: «Lo que por la ley nace, por la ley
muere».
Debemos invertir la tendencia ya. Resulta que los
políticos legislan sobre todo lo que es posible legislar, ponen cientos
de miles de trabas a la actividad empresarial de empresas y autónomos, y
al inicio de actividad empresarial (emprendedores). Y después impulsan
con planes y más planes el fomento del emprendedurismo, el comercio
exterior, y otras cosas por el estilo.
Lo más preocupante es que
los ciudadanos de a pie exigimos a los políticos la puesta en marcha de
estos planes. Estamos tan acostumbrados a pedir que ya no sabemos lo que
pedimos. Se nos olvida que cada vez que se presenta uno de esos planes
implica un gasto por parte de la Administración, y ese gasto viene de lo
que pagamos con nuestros impuestos. ¿No será más fácil, rápido y
eficiente no quitar el dinero de nuestros bolsillos?
Es necesario
en este nuestro país acometer con valentía una profunda y gran
desregulación, suprimir obligaciones a los administrados: declaraciones
de tal, impuesto de cual, registro de no sé qué, tasa de qué sé yo. En
el mercado laboral por ejemplo, más de cuarenta tipos de contrato,
cuando el parado lo único que quiere es trabajar, y así podríamos estar
una semana poniendo ejemplos.
Aproveché mi intervención para
solicitar de tan lúcido directivo una reflexión sobre la nueva burbuja
que se está creando en este país: los emprendedores. Si bien es cierto
que es bueno promover el autoempleo, no es menos cierto que no puede
constituir la única alternativa de salida de la crisis. En el ámbito
empresarial, desde las Administraciones públicas se está tendiendo a
implantar planes (que por desgracia es equivalente a repartir
subvenciones) para que cada vez haya más emprendedores.
La problemática
que se origina en este sentido es doble: por un lado, más que
emprendedores animamos al personal a convertirse en autónomos
subvencionados, ineficientes económicamente, que basan el inicio de su
actividad en la subvención que reciben que, además de que sale de sus
impuestos tal subvención, tendrán que devolver mediante el pago de
tantos y tantos modelos de la agencia tributaria. Por otro lado, y este
me parece más importante, si cabe, se están olvidando los Gobiernos de
establecer un marco general interno tal que las empresas medianas y
grandes, sin llegar a ser multinacionales, empresas de entre cien y
quinientos trabajadores, sigan creciendo, innovando y generando riqueza,
que estas empresas sean los verdaderos protagonistas de nuestro sistema
productivo porque, entre otras cosas y a buen seguro, serán menos
vulnerables a próximas crisis económicas que el emprendedor ineficiente
que tiene el negocio abierto gracias a las subvenciones, que se irá al
paro, que no será capaz de devolver la subvención y que se irá, ahora
sí, a esa mediana empresa a pedir trabajo. Imagínense lo que contestó
para gozo mío el invitado: «Lo que por la ley nace, por la ley muere y
morirá».
En este sentido, por poner sobre la mesa una propuesta
concreta, soy partidario de proponer la obligatoriedad por parte de las
Administraciones públicas de que cada vez que presenten un plan o
anuncien una medida, tanto desde la perspectiva de implementación
burocrática cuanto en la nota de prensa que repartan a los periodistas
expresen concretamente dos cosas: una, lo que se han gastado en preparar
el plan, y dos, lo que se van a gastar de mis impuestos año a año en el
plan. Atiéndase que digo gastar y no invertir, conste.
Espero
tomaran buena nota de lo comentado en aquella comida los representantes
que allí había de Croem (que pronto tienen elecciones), de los partidos
políticos (que pronto habrá cambios) y de los sindicatos (que en la
comida sí estaban pero no se sabe donde más están).
